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Introduccion.
La mayoria de las sociedades latinoamericanas experimentaron en
las ultimas cuatro decadas permanentes situaciones de violencia
y conflictos internos, a causa de graves condiciones de injusticia
y desigualdad economica y social. Ante esto, las fragiles democracias
latinoamericanas, siguiendo los mandatos de los estrategas instalados
en Washington D.C., cedieron el poder a cupulas militares portadoras
de una vocacion mesianica. De esta forma, el fantasma de la dictadura
militar se instalo con mucha facilidad en los Estados desunidos
del Sur, reemplazando a los debiles gobiernos constitucionales,
no necesariamente democraticos.
El poder militar se entrono en 1954 en Paraguay, en 1964 en Brasil,
y poco despues en Peru, (1968), Uruguay, (1972) Chile (1973), Argentina,
(1976) Bolivia, entre otros paises. Por esta razon, los nombres
de los generales Alfredo Stroessner, Rafael Videla, Augusto Pinochet,
el coronel Hugo Banzer, y el civil Jose Maria Bordaberry, se hicieron
conocidos para miles de victimas de sus gobiernos, asi como para
muchos hombres y mujeres solidarios que en diversas partes del mundo
se esforzaron para denunciar sus atrocidades y sus numerosas violaciones
a los derechos humanos.|1| En algunos paises, gobiernos elegidos
democraticamente se ponian bajo la tutela militar, tal como ocurrio
en Uruguay, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los regimenes militares no solo aspiraban a eliminar las senales
de una supuesta subversion en sus paises, sino a construir estructuras
economicas y politicas tendientes a la modernizacion y el desarrollo
de sus sociedades en el marco de la doctrina de la "Seguridad
Nacional".|2| Como modernizacion se entendia la implantacion
del capitalismo, al estilo de los Estados Unidos de Norteamerica,
al que se le consideraba como el unico modelo posible para las naciones
latinoamericanas.
Tal como lo sostiene el periodista Daniel Samper Pizano, el nuevo
tipo de dictadura latinoamericana, nacio a mediados de los anos
sesenta en Brasil, "con la meta de promover un desarrollo capitalista
acelerado, dentro de patrones elaborados por economistas teorizantes
de EE.UU. que requieren como condicion un estricto control social".
"Para ello, agrega es preciso dividir al pais de manera maniquea
entre los que estan con el regimen y los que no estan con el. A
estos ultimos se les equipara a subversivos o complices de la subversion,
y en la larga lista de sospechosos quedan inscritos, automaticamente,
sindicatos, agremiaciones campesinas, intelectuales y estudiantes.
La prensa es sometida a una estricta censura. Los militares se convierten
en una casta de poder."|3|
Muy acertadamente Horacio Verbitsky, aseguro sobre el proceso argentino,
que "Los militares que en 1976 capturaron el poder y en tres
anos consiguieron su objetivo de eliminar a las guerrillas montoneras
y del ERP, se proponian instaurar un nuevo orden que recien al filo
del siglo XXI cederia paso a los civiles, organizados en partidos
distintos de los del pasado." Segun Verbitsky, en la vision
de los militares, "La economia floreceria en pocas y grandes
unidades modernas y la Lucha Contra la Subversion seria cantada
como una gesta continuadora de las campanas de la emancipacion y
de la conquista del desierto, un regreso vital a las fuentes de
la nacionalidad, con la cruz y la espada en alto".|4|
En el contexto de la "Guerra Fria" entre los Estados
Unidos y la Union Sovietica todo aquel que se oponia a la construccion
de ese proyecto politico economico era considerado como enemigo
de la patria, y por lo tanto, tenia que ser perseguido y eliminado.
Entonces, en America Latina, las torturas, los secuestros, las desapariciones
forzadas, el genocidio, el destierro, se convirtieron en una realidad
cotidiana que envolvio a miles de personas en el contexto de sociedades
militarizadas controladas por medio del terror.
Los regimenes dictatoriales se prolongaron en algunos paises por
varias decadas, con el proposito de concretar sus proyectos de Estados
fuertes y modernos: En Paraguay: Stroessner, (1954-1991). En Chile:
General Augusto Pinochet, (1973-1990). En Argentina: Videla, Viola,
Galtieri, (1976-1982). En Uruguay: Jorge Pacheco Areco, y Jose Maria
Bordaberry (1966- 1985).
El aislamiento. Internacional por sus violaciones a tos derechos
humanos y a los convenios de la ONU, la lucha permanente y sacrificada
de la resistencia interna, el desgaste generalizado por la corrupcion
institucional, entre otros hechos, determinaron, el alejamiento
politico de los militares, y la devolucion del poder a los civiles.
Luego de estos periodos tan Convulsionados, de dictaduras militares,
terrorismo de Estado y violencia insurgente, a mediados de los anos
80 America Latina comenzo a transitar hacia regimenes democraticos.
A la caida de Videla y Cia., siguio la caida de Garcia Meza y Banzer,
de Pinochet; de Stroessner, entre otros.
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Borron y cuenta nueva?
Con el retorno de los civiles a la conduccion del Estado, surge
el crucial debate sobre que hacer con los responsables de las violaciones
a los derechos humanos y al derecho humanitario. Como reconstruir
las sociedades maltratadas, como restablecer la paz, como buscar
la reconciliacion nacional, sin hacer justicia?.
Generalmente los propios regimenes militares, antes de dejar el
poder, trataron de cerrar la etapa de la historia que ilegitimamente
dirigieron y procuraron neutralizar cualquier posibilidad de enjuiciamiento
posterior de sus actos de gobierno y de sus violaciones a los derechos
humanos. Con la ilusion de borrar el horror de sus acciones, y con
la pretension del olvido y de la impunidad, estos regimenes dictatoriales,
al final de su mandato o los gobiernos que les sucedieron, dictaron
leyes de "Obediencia debida", "Caducidad" "Punto
Final", "Amnistia", etc.
De esa forma pretendian ignorar que el derecho a la justicia es
un derecho humano, anterior y superior a la autoridad del Estado,
de caracter universal, del cual depende la seguridad juridica de
las personas, el orden social y la paz. Querian desconocer que los
delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que no pueden,
en ningun caso, ser objeto de amnistia.
En algunos casos, el juicio a los que detentaron el poder formo
parte de la oferta electoral de los movimientos que pretendian suceder
a los militares en la conduccion del pais. En la practica, "para
salvar a la democracia", se renunciaria a este compromiso.
No resulta facil sacudirse de las estructuras militares, judiciales
y politicas que apoyaron a los regimenes totalitarios, y que aun
en los nuevos periodos democraticos permanecen fuertes e intactas.
Pero el clamor de justicia de los familiares de las victimas, asi
como la lucha de algunos abogados, periodistas, religiosos, magistrados,
politicos y activistas internacionales de solidaridad, han conducido
a la creacion de comisiones investigadoras de la verdad. Asi se
crearon, desde instancias del poder oficial, en Argentina, la CONADEP,
(Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas); en Chile,
la "Comision de Verdad y Reconciliacion"; y en El Salvador,
la "Comision de la Verdad". En otros casos, como ocurrio
en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, las Comisiones de la Verdad,
surgieron como una opcion etica, un esfuerzo directo, a veces clandestino,
de los activistas y organismos de derechos humanos, sin contar con
el mandato gubernamental.
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Verdad, Justicia, Reconciliacion.
Los responsables de las violaciones a los derechos humanos, asi
como ciertos sectores no golpeados por la violencia oficial, proponen
llegar pronto a la reconciliacion de la sociedad, para reconstruir
el pais. Aqui no les interesa para nada saber la verdad de los hechos.
Mucho menos que se haga justicia. Desconocen que en 1985 la Comision
Interamericana de Derechos Humanos, establecio que "Toda sociedad
tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido,
asi como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos
llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a
ocurrir en el futuro." Ademas, tienen temor de escarbar, remover
el pasado, agitar las aguas. El fantasma de la dictadura militar
sigue presente como una amenaza latente.
Los familiares y amigos de las victimas, los grupos de derechos
humanos, y algunos sectores de la sociedad reclaman el conocimiento
de la verdad y la aplicacion de la justicia como pasos previos a
la reconciliacion nacional. Como lo indica Luis Perez Aguirre, "Se
ha dicho que hurgar en estos acontecimientos del pasado es abrir
nuevamente las heridas del pasado. Nosotros nos preguntamos, por
quien y cuando se cerraron esas heridas. Ellas estan abiertas y
la unica manera de cerrarlas sera logrando una verdadera reconciliacion
nacional que se asiente sobre la verdad y la justicia respecto de
lo sucedido. La reconciliacion tiene esas minimas y basicas condiciones."|5|
El jurista peruano Carlos Chipoco, precisa, ademas, que el derecho
a la verdad tiene fundamentos doctrinarios juridicos y practicos;
y que la verdad debe ser completa, oficial, publica e imparcial.
Agrega que la busqueda de la verdad es importante, por un deber
moral hacia las victimas, los familiares y los deudos, para descubrir
y sancionar a los culpables, para afirmar la democracia y el control
ciudadano de las instituciones publicas y para evitar que las violaciones
se repitan. Finalmente, Chipoco sostiene que el respeto del derecho
a la verdad es importante para abrir la posibilidad del perdon y
la reconciliacion, y para cumplir con el Derecho Internacional.|6|
El derecho a la verdad es parte de la reparacion del dano ocasionado
por los agentes del Estado, reparacion que ademas debe incluir medidas
de caracter economico, social, medico, juridico, para tratar de
reivindicar la memoria de las victimas y aliviar en parte la tragedia
ocasionada a los familiares afectados.
En base a su experiencia en Chile, el medico psiquiatra Carlos Madariaga
afirma que existe un confusionismo conceptual respecto a lo que
se entiende por reparacion.|7| Aclara que generalmente las instancias
gubernamentales han entendido la reparacion de manera reduccionista,
privilegiando las soluciones pecuniarias, en desmedro de los aspectos
juridicos, eticos, sociopoliticos y psicosociales, hecho que ha
generado en las victimas fuertes sentimientos de frustracion y desencanto,
estados psicoemocionales que han hecho abortar en gran medida los
esfuerzos de reparacion en curso.
La acrobacia politica permite que los gobiernos de transicion atiendan,
en cierta medida, las exigencias de justicia y de reconciliacion,
prefiriendo esta ultima, como garantia de "estabilidad democratica".
Por eso ponen mas empeno en favorecer la impunidad de los violadores
de los derechos humanos, volviendo a agredir asi, en nombre de la
reconciliacion, a los familiares de las victimas.
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Que son las Comisiones de la Verdad?
Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigacion creados
para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones
de violencia politica o guerra interna, a enfrentarse criticamente
con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados
por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro
cercano.
A traves de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas
de la violencia, identificar a los elementos en Conflicto, Investigar
los hechos mas graves de violaciones a los derechos humanos y establecer
las responsabilidades juridicas correspondientes.
El trabajo de la Comision de la Verdad permite identificar las
estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias
de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policia, Poder Judicial, Iglesia),
entre otros factores inmersos en esta problematica. Esta investigacion
abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las victimas, proponer
una politica de reparacion del dano, e impedir que aquellos que
participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo
con sus funciones publicas, burlandose del Estado de derecho.
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Como nacen las Comisiones de la Verdad?
En algunos de los casos la busqueda de la verdad surge como un proceso
legal, o formal, "encargado" por los gobiernos, bajo la
presion de los grupos defensores de los derechos humanos, a un grupo
de expertos; tal como se hizo en Argentina, Chile y El Salvador.
En estos paises, las Comisiones de la Verdad se crearon, tras exigencias
masivas, por mandato legal, despues de negociaciones y acuerdos
politicos.
Generalmente las Comisiones de la Verdad surgen en vista de la
probada inefectividad del Poder judicial para sancionar las numerosas
violaciones a los Derechos Humanos. En los paises sometidos a regimenes
autoritarios, el Poder Judicial generalmente se convierte en un
apendice del poder ejecutivo y no tiene capacidad para juzgar independientemente
los crimenes de los agentes del Estado. Finalmente quienes deben
velar por la justicia se hacen Complices del terror oficial.|8|
En casi todos los paises del continente americano son diversos los
casos de abdicacion del Poder Judicial ante la prepotencia de los
gobiernos y de las FF.AA. Por esta causa, flagrantes violaciones
a los derechos humanos quedan en la mas absoluta impunidad. Como
prueba de esto podemos mencionar los siguientes casos:
la masacre de cerca de 115 guerrilleros, jueces y otros civiles
en el Palacio de Justicia de Colombia, luego del asalto efectuado
por el M-19, en Bogota, el 6 de noviembre de 1985, segun informo
el Ministro de Defensa, Gral. Miguel Vega Uribe.|9|
La masacre de cerca de 300 inculpados acusados de terrorismo en
tres carceles de Lima y Callao, en el Peru. Lima, 18 y 19 de junio
de 1986. Despues de una farsa de Juicio, se dieron castigos minimos
a los agentes subalternos que participaron en la masacre.
El asesinato de mas de 100 indigenas wayuu, en la carcel de Maracaibo,
Venezuela, el 3de enero de 1994, segun denuncio Amnistia Internacional.|10|
En otros casos, las comisiones de la verdad nacen como fruto del
trabajo solidario de las organizaciones de derechos humanos, que
para investigar los graves hechos de violencia oficial desarrollan
un esfuerzo casi clandestino. Asi ocurrio en Brasil, con el trabajo
de la Arquidiocesis de Sao Paulo, que bajo la direccion del Cardenal
Evaristo Arns elaboro el Informe Brasil Nunca Mas. En Paraguay el
Comite de Iglesias para Ayudas de Emergencias, CIPAE, tambien publico
una serie de investigaciones sobre la dictadura de Stroessner, bajo
el Titulo Paraguay Nunca Mas. En esta misma perspectiva pueden ubicarse
los esfuerzos del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, con su
Informe: Uruguay Nunca mas, y del colectivo de organizaciones colombianas
y extranjeras que publicaron un valioso Informe titulado: "El
terrorismo de Estado en Colombia".
Pero han habido casos en donde las Comisiones de la Verdad se crearon
con fines encubridores, para procurar darle un respaldo moral a
la "verdad" oficial. Asi paso en el Peru con la "Comision
Uchuraccay", presidida por el escritor Mario vargas Llosa en
1983 y que investigo la masacre de ocho periodistas y un gura que
los acompano.
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La Metodologia de Trabajo de las Comisiones de La verdad.
Buscar la verdad de las violaciones a los derechos humanos, cuando
los acontecimientos estan aun muy cercanos, por cierto implica muchos
riesgos, tanto para los investigadores, como para los informantes,
testigos, familiares. La injustificada sospecha de que los activistas
de derechos humanos apoyan a la subversion, asi como el temor de
que sus organismos cuenten en su archivo con materiales relacionados
a la historia de la violencia policial y militar, muchas veces ha
llevado a las autoridades militares a precipitados allanamientos
de las sedes de estos organismos y a la detencion, o desaparicion
de los luchadores de derechos humanos. Esta agresion directa contra
los organismos de derechos humanos fue una norma de casi todos los
gobiernos en America Latina.
.
En Argentina, las autoridades militares, con apoyo judicial, allanaron
las sedes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos, el Movimiento Ecumenico de Derechos
Humanos, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS y detuvieron
a varios de sus miembros. Las Fuerzas Armadas y policiales, en los
anos de las dictaduras, allanaron los locales de la Vicaria de Solidaridad
de Chile, el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay, asi como de
la Comision Nacional de Derechos Humanos y Defensa de la Democracia,
y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de Bolivia, (En esa
ocasion asesinaron al diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz).
Igualmente allanaron las sedes de la Comision de Derechos Humanos
de El Salvador, el Servicio de Paz y Justicia de Ayacucho, Peru;
entre otros organismos. La historia de la lucha por los derechos
humanos nos ensena que cada organismo debe estar prevenido para
que cuando la fiera lo ataque, sus danos se reduzcan a lo minimo.
Hay que mantener normas basicas de seguridad para proteger a los
colaboradores, y tambien la documentacion testimonial y los archivos,
conservando copias dobles del material y ubicandolos en lugares
en donde no sea posible que los cuerpos oficiales lo encuentren
facilmente.
En muchos casos, por el lado de las victimas, existe abundante material
documental, en forma de denuncias legales, recursos juridicos, Actas
y protocolos de necropsia, testimonios ante jueces y fiscales, que
tambien deben ser archivados por los organismos de derechos humanos.
Seguramente el testimonio de sobrevivientes de operaciones militares
asi como los informes de los testigos y familiares de las victimas,
son algunos de los mas valiosos recursos para avanzar en la obtencion
de la verdad. Estas personas requieren de una proteccion especial,
hasta que la paz y la reconciliacion nacional se hayan consolidado.
En el Peru, asi como en El Salvador, son numerosos los casos de
testigos de violaciones de los derechos humanos que fueron desaparecidos
o asesinados poco tiempo despues de haber informado a los medios
periodisticos o a las comisiones investigadoras oficiales.
Durante el proceso de investigacion y elaboracion del Informe Brasil
Nunca Mas, el grupo de trabajo adopto muchas medidas de seguridad,
para no dejar huellas de lo que estaban haciendo. Ademas de usar
casas fuera de la capital del pais, y de tener copias dobles de
los documentos, en sus comunicaciones orales y escritas emplearon
un lenguaje cifrado, codificado, solo entendible por ellos. El "Chocolate"
era el termino que se empleaba para referirse a los documentos secretos.
La documentacion fue microfilmada y procesada dos veces, para que
una copia fuese guardada, sin riesgos, fuera del pais. Se aprovecho
el viaje al extranjero de personas con rango diplomatico para transportar
las copias microfilmadas y los recursos para el financiamiento de
la investigacion.
La ONUSAL apoyo a la Comision de la Verdad en El Salvador, facilitando
equipos electronicos para la distorsion de la voz y el aislamiento
de las ondas sonoras. De esa manera se trataba de proteger la identidad
de los informantes y sus testimonios. Por otro lado, ante el temor
de intimidacion militar a los informantes, las entrevistas se realizaron
muchas veces en sedes diplomaticas o en lugares reservados, lejos
de los ojos y las orejas militares.
A nivel oficial, los organismos de derechos humanos o las comisiones
de la verdad, algunas veces han logrado la cooperacion de los jueces
y fiscales de las diversas regiones fuera de la capital, para elaborar
un diagnostico mas exacto del numero de victimas de violaciones
de los derechos humanos. En el Peru, por ejemplo, una Fiscalia Provincial
registro, documentadamente, una cantidad de casos de violaciones
a los derechos humanos en 1993, que casi duplicaba el balance anual
nacional establecido por los grupos de derechos humanos.
Aunque resulta sumamente dificil, tambien es posible obtener documentos
confidenciales que circulan al interior de las Fuerzas Armadas y
Policiales, en forma de Tesis, ordenes, planes de accion, estrategias,
doctrina y filosofia de guerra interna, etc. sus propias publicaciones
(revistas boletines, libros) son una fuente que no hay que desechar.
Su vanidad les lleva a exponer alli sus puntos de vista, justificando
las violaciones a los derechos humanos, e informar de los ascensos
otorgados por "servicios especiales a la patria", y presentar
a sus guerreros conductores. Aunque son raros, en diversos paises
han habido casos de efectivos militares y policiales, que discrepan
con la guerra sucia, o que tienen remordimientos de conciencia,
o se sienten traicionados por sus jefes, y que han aportado una
valiosisima informacion sobre las estructuras oficiales del terror.
Sin embargo, aqui debe actuarse con suma cautela, por los riesgos
de infiltracion policial o militar en el trabajo de los grupos de
derechos humanos.
A pesar de los problemas de censura, los medios de prensa diaria
pueden ser una valiosa fuente de informacion para las investigaciones
de la Comision de la Verdad, pues ahi se registran los partes de
guerra, los casos de detenciones, las denuncias de torturas, asesinatos,
etc. Igualmente se ha encontrado valiosos datos en publicaciones
gremiales de los sindicatos, las universidades, los grupos religiosos,
entre otros.
Organismos como la Cruz Roja Internacional y Amnistia Internacional,
tambien pueden aportar muy valiosa informacion sobre las victimas
de los abusos y los presuntos responsables. En algunos paises las
comisiones de la verdad obtuvieron de las delegaciones diplomaticas
abundante material sobre las violaciones a los derechos humanos.
Los documentos suministrados por la Embajada de Estados Unidos en
San Salvador, por ejemplo, dieron bastantes evidencias sobre los
escuadrones de la muerte que actuaban con apoyo de la Central de
Inteligencia Americana y del Ejercito salvadoreno en los anos 80.
Las comunidades de exiliados dispersos por todo el mundo tambien
conservan un importante caudal de informacion, en forma de cartas,
boletines, recursos juridicos, y otros documentos sobre casos de
violaciones a los derechos humanos que se conocen muy poco dentro
del pais.
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El Desarrollo de las
Comisiones de la Verdad
A. Comisiones Oficiales.
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1. Argentina
Comision Nacional solare la Desaparicion de Personas. CONADEP.
Tras su fracaso en la politica economica, y la derrota en la guerra
de Las Malvinas, ademas del gran repudio internacional por sus graves
violaciones a los derechos humanos, a fines de 1983 los militares
argentinos se vieron forzados a devolver el poder a los civiles.
En Argentina, los derechos humanos de miles de personas fueron
violados en forma organica y estatal por la represion de las Fuerzas
Armadas, que usaron una "tecnologia del infierno" segun
se pudo comprobar por las miles de denuncias y testimonios de las
victimas. Los organismos de derechos humanos establecen en cerca
de 30,000 personas el numero de desaparecidos y asesinados en la
guerra sucia.
Tal como lo dijo en su oportunidad el presidente Raul Alfonsin,
despues de esta etapa de tanta violencia, "No puede haber un
manto de olvido. Ninguna sociedad puede iniciar una etapa sobre
una claudicacion etica semejante". Por eso, uno de los primeros
actos constitucionales del presidente Alfonsin, fue crear la Comision
de la Verdad, llamada Comision Nacional para la Investigacion sobre
la Desaparicion de Personas, CONADEP a la que le encargo investigar
las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983,
el periodo de las dictaduras militares.
Entonces, poco a poco, la poblacion argentina fue conociendo de
una manera mas global los horribles sucesos que en su debido momento
se nego a aceptar que realmente estuvieran aconteciendo en el pais.
"Tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo
la mas grande tragedia de nuestra historia, y la mas salvaje",
aseguro despues la CONADEP en su Informe "Nunca Mas".
Al inicio de su gobierno, las nuevas autoridades civiles procesaron
a los nueve Comandantes Generales de las FF.AA., del llamado "Proceso
de Reconstruccion Nacional": generales Jorge Rafael Videla,
Roberto Viola, y Leopoldo Galtieri; los Brigadieres Orlando Agosti,
Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo; y los almirantes Emilio Massera,
Armando Lambruschini, y Jorge Isaac Anaya. Se considero que en su
condicion de jefes supremos conocieron e impulsaron los planes de
exterminio de los presuntos "subversivos".
Alfonsin ordeno procesar judicialmente a nueve ex comandantes del
Ejercito, la Armada y la Fuerza Aerea, "por haber sembrado
el dolor, el terror y la muerte", pero, como informo Horacio
Verbitsky, "confio la tarea al Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas". Ante esto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez
Esquives sostuvo que "el gobierno actuo con excesiva cautela,
para no irritar a los militares".
El ex Presidente Reynaldo Bignone fue encarcelado, acusado de ordenar
el secuestro de dos soldados conscriptos, cuando era director del
Colegio Militar. Tambien se encarcelo al almirante Chamorro, por
su actuacion como jefe del campo de concentracion de la Escuela
de Mecanica de la Armada, ESMA; el general Ramon Camps, por haberse
jactado de su participacion en miles de casos de desapariciones
politicas y al ex comandante del primer cuerpo del Ejercito, general
Guillermo Suarez Mason.
Para terminar el debate sobre los miles de desaparecidos, las Fuerzas
Armadas, en su Acta Institucional, manifestaron que "unicamente
el juicio historico podra determinar con exactitud a quien corresponde
la responsabilidad de metodos injustos o muertes inocentes",
y que todas las acciones realizadas en la guerra constituyeron "actos
de servicio". Ademas, publicamente proclamaron su deseo de
que los enemigos desaparecidos y muertos "reciban el perdon
de Dios".|11|
La CONADEP. Decreto Ley de creacion: D.L. 187/83 del 15 de diciembre
de 1983. Periodo de investigacion: 9 meses.
Miembros de la CONADEP:
Ernesto Sabato. (Escritor)
Jaime F. de Nevares. (Obispo de Neuquen)
Marshall T. Meyer. (Rabino Judio)
Ricardo Colombres.
Rene Favarolo.
Hilario Fernandez Long.
Carlos T. Gattinoni. (Obispo Metodista)
Gregorio Klimovsky.
Eduardo Rabossi.
Magdalena Ruiz de Guinazu.
Santiago Marcelino Lopez. (Diputado)
Hugo Diogenes Piucill. (Diputado)
Horacio Hugo Huarte. (Diputado)
Para crear la CONADEP el gobierno tuvo que superar conflictos en
el Congreso, donde la tendencia mayoritaria era asignar las investigaciones
sobre los desaparecidos a una comision interna. Era tanto el temor
a los militares que el Senado no cumplio con designar sus tres representantes
para la CONADEP, como si lo hicieron los diputados.
La CONADEP, desde el inicio de su trabajo enfrento muchas dificultades,
que pudo superarlas, gracias al apoyo decidido de las entidades
nacionales e internacionales de derechos humanos. Los primeros colaboradores
rentados de la CONADEP, que cumplian su jornada trabajando aun en
dias feriados y fines de semana, muy pronto abandonaron su labor,
abrumados y quebrantados por los horrores que dia a dia fueron conociendo
por el testimonio directo de las victimas de la represion.
Gracias al empeno de Ernesto Sabato y la presion de los organismos
de derechos humanos, algunos miembros de la Comision tuvieron la
posibilidad de viajar al extranjero y recibir denuncias de los exiliados
argentinos en Estados Unidos, Francia, Suiza, Espana, Mexico, entre
otros paises. La CONADEP logro el apoyo de la Cancilleria, que habilito
"oficinas de denuncias" de desapariciones durante la dictadura
militar, en la mayoria de las sedes diplomaticas argentinas dispersas
por el mundo. Las repercusiones del trabajo de la Comision en los
periodicos y la television europeos animo a muchos exiliados a cooperar
con las investigaciones.
Conforme la CONADEP avanzaba en sus investigaciones, sus miembros
fueron insultados y amenazados por los agentes de la represion,
que los acusaron de "activar los odios y resentimientos, impedir
el olvido, y no propiciar la reconciliacion nacional".
La CONADEP, luego de nueve meses de trabaJO en los que reunio mas
de 50,000 paginas de testimonios y denuncias; en noviembre de 1984
publico su Informe, con el Titulo: "Nunca Mas. Informe de la
Comision Nacional sobre la Desaparicion de Personas". Alli
dio cuenta de la desaparicion de 8,960 personas, segun denuncias
debidamente documentadas y comprobadas. La CONADEP dejo abierta
la posibilidad de que el balance final de las victimas aumentara,
pues muchos otros casos quedaron en la etapa de investigacion y
verificacion de los datos, por lo que la cifra de 8,960 desaparecidos
no puede considerarse definitiva. El 80 % de las victimas de los
militares argentinos tenian entre 21 y 35 anos de edad.
El Informe senala que en Argentina existian 340 centros clandestinos
de detencion, dirigidos por altos oficiales de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad. Alli los detenidos eran alojados en condiciones
infrahumanas, y sometidos a toda clase de humillaciones. Tambien
indica que "De algunos de los metodos de tortura empleados
en esa guerra interna no se conocian antecedentes en otras partes
del mundo". En esos anos de la dictadura militar, las tecnicas
de tortura argentina se exportaron a otros paises del continente.
La CONADEP descubrio que entre los altos oficiales de las Fuerzas
Armadas y Policiales, se establecio un "Pacto de Sangre",
que implicaba la participacion de todos en las violaciones a los
derechos humanos. A causa de esto, cuando algun miembro de esas
fuerzas trataba de desobedecer un mandato criminal, pronto lo convertian
en una victima mas. La Comision comprobo que "Todo signo de
discrepancia dentro de las FF.AA. y de Seguridad con los metodos
utilizados para la detencion y eliminacion de personas fue sancionado
de modo brutal. Brindar alguna informacion a los familiares de detenidos-desaparecidos
sobre su localizacion, estado fisico o destino era equivalente a
la muerte. Estaban prohibidos, incluso, los comentarios entre las
propias filas sobre los operativos realizados, sancionandose con
el mayor rigor cualquier signo de humanidad que pudiera tenerse
con el prisionero".|12|
El Informe "Nunca Mas" indica que miles de personas fueron
exterminadas, habiendose destruido previamente sus cuerpos para
evitar su posterior identificacion. "No se cometieron excesos,
si se entiende por ello actos particularmente aberrantes. Tales
atrocidades fueron practica comun y eran actos normales y corrientes
efectuados a diario por las fuerzas represivas"
Tambien la CONADEP difundio una lista de 1351 represores, entre
ellos diversos medicos, jueces, periodistas, obispos y sacerdotes
catolicos que actuaron como Capellanes de los militares y que colaboraron
con ellos en la guerra sucia. En la lista de represores aparecen,
entre otros, el Obispo Pio Laghi, Nuncio Apostolico del Estado Vaticano
en Argentina, el ex Obispo de La Plata, Antonio Plaza, el Monsenor
Emilio Graselli, el sacerdote Christian Von Wernich, el capellan
Pelanda Lopez, y el Monsenor Adolfo Tortolo, Vicario de las Fuerzas
Armadas.
Pese a las investigaciones de la Comision, y las denuncias de los
grupos de derechos humanos en Argentina, el Congreso ascendio a
cientos de militares involucrados en secuestros, torturas y desapariciones
forzadas, y que aparecian en la lista de la CONADEP como violadores
de los Derechos Humanos. Incluso Asaz, el asesino de dos monjas
francesas, fue ascendido. "Sabe cuantos Astiz hubo en la Armada?
Trescientos Astiz", dijo el contraalmirante (r) Horacio Mayorga,
ex jefe de la base naval de Trelew, en una entrevista en 1985. "Los
oficiales de la ESMA eran personas austeras que mataban por la Patria",
agrego.|13| Igualmente fueron ascendidos el ex director de la ESMA,
capitan de Navio Jose Maria Arriola; el ex director de la Escuela
de Submarinos de Mar de Plata, capitan de Navio Roberto Pertussio;
los tenientes coroneles Oscar Bianchi y Athos Rhenes, que intervinieron
en diversas masacres a civiles indefensos, y el coronel Julio Cesar
Durand, quien dirigio la intervencion argentina en el Golpe de Estado
de 1980 en Bolivia.
El ex capitan de la Armada (r) Francisco Scilingo, en declaraciones
al periodista Horacio Verbitsky, en marzo de 1995, confirmo que
cerca de 2,000 presos politicos de la dictadura fueron asesinados
por oficiales de la Marina, que los arrojaron vivos al mar, despues
de haber sido drogados. Algunos altos representantes de la iglesia
catolica conocian sobre estos hechos, pero en vez de tratar de impedirlos,
apoyaron estos horribles crimenes. Scilingo afirmo que los sacerdotes
catolicos se encargaban de tranquilizar el espiritu" de los
oficiales que participaban en tales crimenes, pues regresaban de
cada Vuelo" con un fuerte remordimiento de conciencia. "El
capellan de la ESMA... me hablaba que (el vuelo) era una muerte
cristiana, porque (los presos) no sufrian, porque no era traumatica,
y que habla que eliminarlos; que la guerra era la guerra, que incluso
en la Biblia esta prevista la eliminacion del yugo del trigal. Me
dio cierto apoyo", declaro Scilingo.|14|
Tambien se llego a saber que una isla que pertenecia a la Iglesia
Catolica fue prestada a la ESMA, para que los oficiales de la marina
lo usaran como Campo de Concentracion.|15| Alli se trasladaba a
los presos politicos, cada vez que las comisiones de las Naciones
Unidas, la OEA, Amnistia Internacional o de otros organismos visitaban
la ESMA para investigar las graves denuncias de tortura.
La CONADEP tomo la iniciativa de presentar varias recomendaciones
a los distintos poderes del Estado, "con la finalidad de prevenir,
reparar y finalmente evitar la repeticion de Conculcaciones de los
derechos humanos". Entre sus propuestas incluyo: la continuacion
de las investigaciones por la via judicial, la entrega de asistencia
economica, becas de estudio y trabajo a los familiares de las personas
desaparecidas; y la aprobacion de normas legales que declaren como
crimen de tesa humanidad la desaparicion forzada de personas. Igualmente,
la CONADEP recomendo la ensenanza obligatoria de los derechos humanos
en los centros educativos del Estado, tanto civiles como militares
y policiales, el apoyo a los organismos de derechos humanos, y la
derogatoria de toda la legislacion represiva existente en el pais.
Muchas de estas recomendaciones estan aun pendientes de llevarse
a la practica. Y la dolorosa verdad sigue aflorando, como un trauma
colectivo que exige una terapia integral.
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2. Chile
Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion
Tras la derrota moral y politica de Pinochet el pueblo de Chile
eligio como Presidente a un miembro moderado de la oposicion, quien
habia anunciado su compromiso ineludible con la defensa de los derechos
humanos.
Consecuente con su promesa, el Presidente Patricio Aylwin, mediante
el Decreto Supremo No. 355 del 24 de abril de 1990, creo la Comision
Nacional de Verdad y Reconciliacion, con el objetivo de Contribuir
al esclarecimiento global de la verdad sobre las mas graves violaciones
a los derechos humanos cometidas en los ultimos anos, con el fin
de colaborar a la reconciliacion de todos los chilenos".
Se designo como miembros de la Comision a:
Raul Rettig Guissen (Presidente)
Jaime Castillo Velasco
Jose Luis Cea Egana
Monica Jimenez de la Jara
Laura Novoa Vasquez
Jose Zalaquett Daher
Ricardo Martin Diaz
Gonzalo Vial Correa
Los dos ultimos habian sido funcionarios del gobierno del dictador
Pinochet.
La tareas que se le encomendo a la Comision de Verdad fueron:
"Establecer un cuadro, lo mas completo posible, sobre los
graves hechos de violacion a los derechos humanos, sus antecedentes
y circunstancias.
Reunir informacion que permita individualizar a sus victimas y
establecer su suerte o paradero.
Recomendar las medidas de reparacion y reivindicacion que estimara
de justicia, y
Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio
deberian adoptarse para impedir o prevenir la comision de nuevos
atropellos graves a los derechos humanos".
Se determino que se investiguen a los hechos con resultado de muerte
o desaparicion ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el
11 de marzo de 1990 bien sea dentro del pais o en el extranjero".
Toda la investigacion debio hacerse en un plazo de nueve meses,
del 9 de mayo de 1990 al 9 de febrero de 1991.
Mas de 60 personas de los diversos organismos nacionales e internacionales
de derechos humanos colaboraron y trabajaron a tiempo completo para
el procesamiento de las informaciones obtenidas por la Comision.
Entre ellos, cabe destacar el valioso trabajo que cumplieron Jaime
Castillo Velasco y Jose Zalaquet Daher. Domingo Namuncura, un lider
del SERPAJ, fue designado Asesor Presidencial en Derechos Humanos.
La Comision recibio a mas de 3,400 familiares de desaparecidos y
asesinados que presentaron multiples casos, de los cuales 644 quedaron
fuera de su competencia. Tambien consulto archivos de mas de 100
organizaciones de derechos humanos, academicas, politicas y religiosas.
Los miembros de la Comision, ademas de investigar dentro del pais,
tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero, con el proposito
de entrevistar a victimas de la represion asi como a familiares
directos de los detenidos-desaparecidos y otros tipos de victimas
de la dictadura pinochetista.
Las sedes de las gobernaciones e intendencias provinciales dentro
del pais, asi como las Embajadas y Consulados chilenos en el exterior
sirvieron para la recepcion de denuncias de desapariciones. Muchos
estudiantes de las facultades de derecho colaboraron muy eficazmente
para asesorar a los familiares de las victimas en la presentacion
de sus denuncias. Despues hubo necesidad de contratar asistentes
sociales, pues los familiares de las victimas, al hacer memoria
de los sucesos ocurridos, caian en profundas crisis emocionales.
A sus demandas de informaciones sobre las victimas de la dictadura
chilena respondieron favorablemente los hospitales, y el Registro
civil, pero la gendarmeria y las Fuerzas Armadas, aunque respondieron
a un 70 % de las cartas enviadas por la Comision, casi siempre manifestaban
que los documentos sobre los detenidos-desaparecidos "ya habian
sido incinerados o destruidos, en cumplimiento de disposiciones
juridicas".
Solo una minima parte de los 160 miembros de las Fuerzas Armadas
y Carabineros de Chile, que la Comision quiso interrogar, presto
su colaboracion, aunque aportaron pocas informaciones. La mayoria
de los oficiales y agentes, segun las respuestas de los ministros
respectivos, ya habian sido dados de bajas o no aparecian como miembros
de esas fuerzas.
Las normas nacionales e internacionales de los derechos humanos,
asi como las leyes de guerra o del derecho internacional humanitario
formaron parte del marco juridico con el cual trabajo la Comision
al analizar los distintos hechos de violencia.
El Resultado final de las investigaciones de la Comision fue un
Informe de tres partes:
Primera parte: Relacion de los hechos de violaciones de los derechos
humanos, hasta la pagina 1094
Segunda parte: Recomendaciones para reparar el dano: Pags. 1,096
hasta 1,168.
Tercera parte: "Victimas", Volumen de 635 paginas, con
una resena biografica de las 2,279 personas respecto de las cuales
la Comision se formo una Conviccion de que murieron o desaparecieron
como victimas de la violacion a sus derechos humanos, entre ellos
132 miembros de las fuerzas del orden.
Tambien se investigo, aunque no muy profundamente, la actuacion
de los partidos politicos legalmente reconocidos en los hechos de
violencia, especialmente en el Golpe de Estado, asi como el rol
que cumplieron, entre otros, las iglesias cristianas, los medios
de comunicacion, los partidos politicos, los profesionales y sus
organismos gremiales.
La Comision analizo el rol de los familiares de las victimas, de
las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y la reaccion
de la comunidad internacional a traves de la ONU, la OEA, el ACNUR;
la Comision internacional de Juristas, la Cruz Roja y Amnistia Internacional,
que a lo largo de la dictadura emitieron numerosos informes denunciando
las graves violaciones a los derechos humanos en el regimen de Pinochet.
Con todas sus investigaciones, la Comision de la Verdad comprobo
el poder omnimodo del que gozaba la DINA |16| y establecio que "Se
trataba de un organismo cuyo funcionamiento en la practica fue un
secreto y por encima de la ley, su organizacion interna, composicion,
recursos, personal y actuaciones escapaban no solo del conocimiento
publico sino tambien del control efectivo de la legalidad. Mas aun,
la DINA fue efectivamente protegida de todo control, no sedo del
que pudieran haber ejercido el Poder Judicial, altos oficiales de
las FF.AA., e incluso del de la Junta de Gobierno; en efecto, aunque
formalmente la DINA dependia de la Junta de Gobierno, en la practica
respondio solamente ante la Presidencia de la Junta de Gobierno,
mas tarde Presidencia de la Republica". Agrega el Informe de
la Comision de la Verdad, que: "Este organismo, en el hecho
secreto, y asi libre de controles e injerencias, tenia la amplia
mision de reunir y evaluar la informacion que despues se emplearia
para tomar importantes decisiones de Gobierno."
Despues de sus minuciosas investigaciones sobre los desaparecidos
y asesinados por las fuerzas del orden la Comision recomendo la
reparacion publica de la dignidad de las victimas, y diversas medidas
de bienestar social, pension unica de reparacion, atencion especializada
en salud, educacion, vivienda, condonacion de ciertas deudas y exencion
de la obligatoriedad del Servicio Militar a los hijos de las victimas.
La Comision presento tambien recomendaciones en los aspectos juridicos
y administrativos, como la "declaracion de muerte de personas
detenidas-desaparecidas", la adecuacion del ordenamiento juridico
nacional al derecho internacional de los derechos humanos, y la
ratificacion de tratados internacionales sobre derechos humanos.
Igualmente propuso diversas medidas para reformar el poder judicial
y las Fuerzas Armadas, al como la continuacion de las investigaciones
sobre el destino de los desaparecidos.
La Comision de Verdad y Reconciliacion recomendo la penalizacion
del ocultamiento de informacion respecto a las inhumaciones ilegales,
ya que muchos familiares de las victimas continuaron reclamando
los restos de sus seres queridos.
En enero de 1992 el gobierno chileno, mediante la ley 19.123 creo
la Corporacion Nacional de Reparacion y Reconciliacion, para ejecutar
las recomendaciones de la Comision de Verdad y Reconciliacion, especialmente
en la reparacion material de los danos causados por la dictadura
pinochetista, calificada por la Comision como Zuna tragedia desgarradora".
En los anos posteriores al trabajo de la Comision de Verdad y Reconciliacion,
los grupos de derechos humanos y los familiares de los desaparecidos
lograron hallar a algunas de las victimas de la dictadura enterradas
en cementerios clandestinos. Tambien se obtuvieron mas pruebas de
las actividades criminales de los agentes de la DINA, y su Jefe,
Manuel Contreras recibe una condena de siete anos de "prision
efectiva", por su implicacion en el asesinato del Dr. Orlando
Letelier. Contreras, con apoyo del Ejercito se atrinchera en un
Hospital militar y trata de burlarse del fallo judicial. Finalmente
Contreras demuestra que aun en regimenes democraticos, los militares
conservan amplias porciones de autonomia y poder, al que por ningun
medio quieren renunciar.
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3. El Salvador
Comision de la Verdad.
Miembros de la Comision:
Belisario Betancur. (Ex Presidente de Colombia)
Reinaldo Figueredo Planchart. (Congresista venezolano)
Thomas Buergenthal. Estadounidense. Juez. (Ex Presidente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos)
Esta Comision, apoyada por un numeroso grupo de asesores y colaboradores,
nacionales y extranjeros, trabajo durante seis meses para investigar
y dos meses adicionales para elaborar y presentar su informe, que
fue titulado "De la Locura a La Esperanza" La guerra de
12 anos en El Salvador".
La division de Derechos Humanos de la ONUSAL le facilito apoyo tecnico
y logistico para procurar proteger la identidad de los testigos
e informantes, muchos de los cuales, solo accedieron a testificar
cuando se les aseguro una reserva absoluta. Diversos gobiernos extranjeros
y organismos internacionales colaboraron con la Comision, suministrando
documentos confidenciales emitidos por sus delegaciones diplomaticas,
y proveyendo declaraciones oficiales de agentes policiales y militares.
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El mandato
La Comision de la Verdad de El Salvador surgio como resultado de
los Acuerdos de Paz de El Salvador negociados en mas de tres anos
(1989-1992) entre el gobierno de El Salvador y el movimiento guerrillero
Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional, FMLN, que estuvieron
enfrentados durante todo ese periodo. Las negociaciones se llevaron
a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas, y la colaboracion
de Colombia, Mexico, Espana y Venezuela y culminaron en el Acuerdo
de Paz firmado en Chapultepec, Mexico, el 16 de enero de 1992.|17|
La decision de crear la Comision de la Verdad fue adoptada en los
Acuerdos de Mexico, que definen las funciones y facultades de la
Comision, y se firmaron en Ciudad de Mexico el 27 de abril de 1991.
La autoridad de la Comision se amplio con el articulo 5 del Acuerdo
de Paz de Chapultepec, titulado "Superacion de la Impunidad."
Estas disposiciones constituyen el "Mandato" de la Comision,
definida de la siguiente manera: "La Comision tendra a su cargo
la investigacion de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980,
cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento
publico de la verdad." Para esto, se indico que la Comision
tomara en cuenta las siguientes consideraciones:
a. la singular trascendencia que pueda atribuirse a los hechos
a ser investigados, sus caracteristicas y repercusion, asi como
la conmocion social que originaron; y
"b. la necesidad de crear confianza en los cambios positivos
que el proceso de paz impulsa y de estimular el transito hacia la
reconciliacion nacional."
En cuanto a la impunidad, las funciones especificas que se le asignaron
a la Comision se definen en el Acuerdo de Chapultepec de la siguiente
manera: Ese reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo senalamiento
de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en
casos donde este comprometido el respeto a los derechos humanos.
A tal fin, las Partes remiten la consideracion y resolucion de este
punto a la Comision de la Verdad."
Ademas de las facultades que los Acuerdos de Paz le confirieron
respecto a la impunidad y la investigacion de graves hechos de violencia,
a la Comision tambien le encargaron elaborar recomendaciones "de
orden legal, politico o administrativo, que podran incluir medidas
destinadas a prevenir la repeticion de tales hechos (de violencia),
asi como iniciativas orientadas hacia la reconciliacion nacional".
De esta forma se doto a la Comision con dos facultades especificas:
la de realizar investigaciones y la de presentar recomendaciones,
en cuya ejecucion se comprometieron ambas Partes.
El Mandato le encarga a la Comision investigar "graves hechos
de violencia... cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor
urgencia el conocimiento publico de la verdad". Aqui la Comision
tomo en cuenta la singular importancia de cada acto violento, las
repercusiones que tuvieron y los desordenes sociales que ocasionaron.
El Mandato no enumero ni identifico ningun caso especifico para
que fuera investigado por la Comision; tampoco distinguio entre
actos de violencia en gran escala y aquellos que involucraban solamente
a unas cuantas personas. Al investigar estos hechos, la Comision
tomo en cuenta factores adicionales relacionados con el cumplimiento
de su Mandato.
El primero es que lo que se habia de investigar eran hechos graves
o flagrantes cometidos por ambos lados del conflicto salvadoreno
y no solamente por una de las partes.
Segundo, el Acuerdo de Chapultepec insto a la Comision, a poner
atencion especial en el tema de la Impunidad de los hechos de violencia
cometidos por oficiales de la Fuerza Armada, que nunca fueron investigados
ni castigados.
Entonces, al optar por investigar un caso en lugar de otro, se tuvo
presente consideraciones respecto del caracter representativo del
caso, la disponibilidad de pruebas, los recursos investigativos
disponibles, el tiempo requerido para llevar a cabo una investigacion
exhaustiva, y el tema de la impunidad tal como lo define el Mandato.
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El derecho aplicable
Al definir las normas juridicas aplicables a su labor, la Comision
establecio que durante el conflicto salvadoreno, ambas partes tenian
la obligacion de acatar una serie de normas del derecho internacional,
entre ellas las estipuladas en el derecho internacional de los derechos
humanos y en el derecho internacional humanitario, o bien en ambos.
Por otro lado, a lo largo del periodo de guerra interna, el Estado
de El Salvador estaba en la obligacion de adecuar su derecho interno
a sus obligaciones conforme al derecho internacional.
En el Acuerdo de San Jose sobre Derechos Humanos, las Partes reconocieron
que por "derechos humanos" se entiende "los reconocidos
por el ordenamiento juridico salvadoreno, incluidos los tratados
en los que El Salvador es parte, asi como por las declaraciones
y principios sobre derechos humanos y sobre derechos humanitarios
aprobados por las Naciones Unidas y por la Organizacion de Estados
Americanos."
La Comision de la Verdad reconocio que el derecho internacional
de los derechos humanos solo es aplicable a los gobiernos, mientras
que en determinados conflictos armados, el derecho internacional
humanitario es vinculante para ambos lados. Es decir, tanto para
los insurgentes como para las fuerzas del gobierno. Sin embargo,
hay que reconocer que cuando se da el caso de insurgentes que ejercen
poderes gubernamentales en territorios bajo su control, tambien
se les puede exigir que cumplan con ciertas obligaciones en materia
de derechos humanos, vinculantes para el Estado segun el derecho
internacional; por ende, resultarian responsables en caso de un
incumplimiento. El FMLN sostuvo oficialmente que tenia algunos territorios
bajo su control y efectivamente ejercio ese control.
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Las investigaciones
Las Comision de la Verdad investigo primeramente la violencia ejercida
por agentes del Estado contra los opositores politicos. Alli ubico
el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y las dos acompanantes
en el Centro Pastoral de la Universidad Centroamericana (1989).
Enseguida analizo diversas ejecuciones extrajudiciales, como el
asesinato de los dirigentes del Frente Democratico Revolucionario,
las religiosas norteamericanas, los periodistas holandeses, asi
como los ataques a organismos de DDHH (FENASTAS y COMADRES), las
desapariciones forzadas, las masacres de campesinos por la Fuerzas
Armadas (Casos Mozote, Rio Sumpul y El Calabozo). Despues investigo
los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte, entre
ellos el de Monsenor Oscar Arnulfo Romero.
En segundo lugar, la Comision de la Verdad investigo la violencia
del FMLN contra opositores como el asesinato de alcaldes, y jueces,
las ejecuciones extrajudiciales de campesinos colaboradores del
gobierno, el asesinato de militares estadounidenses sobrevivientes,
entre otros.
La Comision aseguro que "Ninguna de las tres ramas del poder
publico: judicial, legislativo ejecutivo, fue capaz de controlar
el desbordante dominio militar en la sociedad".
Finalmente, la Comision de la verdad presento una serie de Recomendaciones
que incluyen: Reformar la legislacion penal y el Poder Judicial,
depuraciones en las Fuerza Armadas, Fuerzas Policiales y dentro
de la administracion publica; inhabilitaciones politicas a las personas
involucradas en violaciones de los derechos humanos y del derecho
humanitario, por un lapso no menor de diez anos. Tambien recomendo
investigar y terminar con los grupos ilegales (Escuadrones de la
muerte).
Igualmente la Comision recomendo que el gobierno salvadoreno otorgue
una reparacion material y moral para las victimas de la violencia
y sus familiares directos. Se recomendo la entrega de tierras, equipamiento
agropecuario, becas de estudio, etc. Los acuerdos de Paz fijaron
un calendario de actividades, muchas de las cuales, como la entrega
de tierras a los combatientes de ambos lados, y la Compensacion
economica, solo se han cumplido en minima parte. En la practica
el Estado salvadoreno descuido mucho el cumplimiento de los acuerdos.
Por eso, pese al empeno del FMLN, asi como a los esfuerzos de la
ONU y los paises amigos, la pacificacion en El Salvador es todavia
un proceso muy lento.
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4. Peru:
Desde el ano 1980, tras 12 anos de gobiernos militares, el Peru
experimenta una situacion de guerra interna, en la que el movimiento
subversivo "Sendero Luminoso" (Partido Comunista del Peru)
se enfrenta al Estado peruano. El movimiento insurgente transito
de su practica subversiva inicial al terrorismo, causando miles
de victimas, no solo de miembros de las fuerzas del orden, sino
principalmente, de campesinos, dirigentes gremiales y populares;
autoridades comunales profesionales; y poblacion en general. Igualmente
las Fuerzas del Estado han cometido graves y numerosos actos de
detenciones masivas, torturas, desapariciones forzadas y genocidio
contra la poblacion peruana. Esta guerra interna ha producido cerca
de 30,000 muertos y mas de 5,000 desaparecidos.
En diversos momentos, el Estado a traves del Congreso de la Republica
o el Poder Ejecutivo, creo Comisiones investigadoras de la Verdad,
para deslindar responsabilidades frente a denuncias de graves violaciones
a los derechos humanos. Generalmente los gobiernos de turno, despues
de mucha pugna, cedian a las exigencias de la oposicion politica
y de algunos gobiernos extranjeros preocupados por los derechos
humanos en el Peru.|18|
La mayoria de las comisiones que se crearon, nacieron con propositos
claramente justificatorios de la politica "contra subversiva"
oficial. Asi ocurrio con la llamada "Comision Uchuraccay",
una de las primeras encargadas de investigar casos de violaciones
de los derechos humanos en el Peru.
Muy pocas veces las investigaciones encargadas en el Peru han tenido
un efecto pacificador y restaurador de la justicia. La impunidad
para los violadores de los derechos humanos es casi norma oficial.
Cuando alguna vez se trato de llegar al fondo de los hechos y sacar
a luz a los responsables de actos contra los derechos humanos, pronto
se levantaron las FF.AA. y policiales para mostrar que se consideran
entes sagrados e intocables; y asi se impidio el castigo a los culpables.|19|
Por falta de una clara comprension del fenomeno de la violencia,
asi como de apoyo del Poder Judicial y de recursos materiales, las
diversas comisiones investigadoras de la verdad en el Peru, no han
podido, en la mayoria de los casos, llevar a buen termino el resultado
de sus investigaciones, ni proteger a los informantes y testigos.
Muchas personas, luego de presentar sus testimonios y denuncias,
fueron desaparecidas o asesinadas por las fuerzas del Estado, o
por"grupos desconocidos". Asi ocurrio con los testigos
de los casos "Uchuraccay", "Soccos", "Cayara",
"Umaru y Bellavista", "Accomarca", "Operacion
Aries-Huallaga", entre otros. Mas tarde, las Fuerzas Armadas
encargarian esa labor, de eliminar a los testigos o sobrevivientes
de masacres a los grupos llamados de "defensa civil",
a los que entrego algunas armas.
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4.1 Comision Investigadora de la muerte de los periodistas en Uchuraccay:
(Enero 1983)
Mario Vargas Llosa. (Escritor)
Mario Castro Arenas. (Periodista)
Abraham Guzman Figueroa. (Jurista)
El origen de esta Comision Investigadora fue el escandalo nacional
e internacional ocasionado por el atroz asesinato de ocho periodistas
y un guia campesino, el 26 de enero de 1983, en la localidad andina
de Uchuraccay, Ayacucho, que debido al crecimiento de la violencia
se hallaba en Estado de Emergencia, bajo un total control militar.
Un sector importante del periodismo peruano acuso a los militares
y a los "Sinchis" (Policia antisubversiva) de haber fomentado
la masacre de los periodistas, quienes procuraban investigar la
veracidad de los partes de guerra oficiales, que daban cuenta del
asesinato de presuntos miembros de Sendero Luminoso por parte de
los propios campesinos.
Los periodistas y los abogados de Ayacucho sospechaban de la puesta
en marcha, por las Fuerzas Armadas, de una estrategia de guerra
sucia, con torturas, desapariciones forzadas, asesinatos de campesinos
de la region en la que actuaba Sendero Luminoso. El desarrollo de
la violencia en los meses posteriores, confirmaria la veracidad
de estas preocupaciones. Los periodistas se organizaron para viajar
a Uchuraccay a fin de investigar por sus propios medios el nuevo
curso que estaria tomando la lucha contrainsurgente. Fue asi, en
la busqueda de la verdad, como les alcanzo la muerte.
Al conocerse la noticia tragica de la desaparicion de los ocho periodistas
y su guia, la sociedad peruana se sintio muy conmovida. El Decano
del Colegio de Periodistas del Peru, Dr. Mario Castro Arenas afirmo
que "Ni en la segunda guerra mundial, ni en los arrozales fangosos
de Vietnam habian muerto tantos periodistas juntos como en Uchuraccay".
Meses despues de la tragedia, el Decano del Colegio de Periodistas
lanzaria sus lamentos:
"Que bochorno, que verguenza, que espanto. Los teletipos repiquetearon
por el mundo entero, describiendo la tragedia. Los diplomaticos
peruanos acreditados en el exterior y los que vivian escondiendose
de la policia de inmigraciones de Nueva York y de la DISIP de Caracas
emergieron de su semiclandestinidad para negar que en el Peru existiesen
pueblos situados culturalmente en la edad de piedra donde se podria
asesinar por error a ocho periodistas con piedras y con palos como
las hordas de la era de las cavernas".|20|
Aunque los dirigentes del gobierno anunciaron su interes de que
se esclarezca la verdad sobre la masacre de los periodistas, en
el fondo, lo que buscaban era obtener un respaldo "academico"
a la version oficial sobre la tragedia, previamente difundida por
el Presidente de la Republica, y que se basaba en los informes del
Comando Politico Militar de Ayacucho.
El Presidente de la Republica, Fernando Belaunde Terry, mediante
Resolucion Suprema del 27 de enero de 1983, Creo una "Comision
Investigadora de los sucesos de Uchuraccay", con el fin de
"contribuir al esclarecimiento de una verdad que reclaman urgentemente
la conciencia nacional y la opinion publica del resto del mundo".
Se establecio que la Comision no tendria competencia judicial o
policial.
La Comision trabajo con el apoyo de los antropologos Juan Ossio,
Fernando Fuenzalida y Luis Millones. Tambien asesoraron a la Comision
el jurista Fernando de Trazegnies, el psicoanalista Max Hernandez,
los linguistas Rodolfo Cerron Palomino y Clodoaido Soto, asi como
el historiador Ricardo Valderrama.
La investigacion se desarropo del 28 de enero hasta el 28 de febrero
de 1983, con entrevistas a autoridades militares, policiales y politicas
de la zona Convulsionada y la revision de documentacion reservada
de las FF.AA, tanto en Ayacucho como en Lima.
Aunque estaba claro que la verdad podria conocerse investigando
en el mismo lugar de los crimenes, la Comision se hizo presente
en Uchuraccay solo por cuatro horas, durante un Cabildo Abierto
convocado por el Comando Politico Militar de Ayacucho. De acuerdo
a los militares, en Uchuraccay existia un ambiente de alta tension,
y agresividad contra los foraneos, que ponia en peligro la vida
de los integrantes de la Comision, por lo cual no era recomendable
permanecer mas de cuatro horas en la zona de la tragedia. Ademas
del reducido tiempo para investigar en el lugar de los crimenes,
los miembros de la Comision tenian la barrera del idioma, ya que
la mayoria de la poblacion de Uchuraccay, a la que se acuso de haber
cometido el asesinato de los periodistas, solo hablaba quechua y
muy pocos dominaban el castellano.
La Comision tuvo facultades para interrogar a altos jefes militares
y policiales que operaban en la zona de Ayacucho, pero las entrevistas
se realizaron en un clima de terror paralizante, investigando solo
aquellos aspectos acordados con los militares, revisando documentos
poco esclarecedores, evitando asuntos controversiales que Comprometian
a las fuerzas del orden en violaciones a los derechos humanos.|21|
El Informe y su documentacion sustentatoria fue entregado a las
autoridades el 4 de marzo de 1983. Inmediatamente se desplegaron
esfuerzos para darle difusion internacional, ya que de acuerdo a
la Comision Investigadora, no existia responsabilidad del Estado
en la masacre de Uchuraccay. Pero dentro del pais el Informe produjo
un sabor amargo, una decepcion por la forma escandalosa como se
quiso limpiar la imagen del gobierno y de las fuerzas armadas que
actuaban en Ayacucho.
La Comision estructuro su Informe en cuatro partes descriptivas
y analiticas, exponiendo su version de los hechos, las causas de
la masacre, los informes de los asesores, ase como testimonios de
testigos. En el Informe se sostiene que "La Comision ha llegado
a la conviccion absoluta de que los comuneros que se encontraban
en ese momento (el 26 de enero de 1983) en Uchuraccay confundieron
a los nueve forasteros (los periodistas y el guia) que se aproximaban,
con un destacamento de "senderistas" que venia, sin duda,
a escarmentarlos por el linchamiento de varios de los suyos perpetrado
en esa misma comunidad en los dias anteriores. Esta operacion de
represalias era temida y esperada en las comunidades iquichanas
que habian matado senderistas y mantenia a los comuneros en un estado
de animo sobresaltado, medroso y furibundo..."|22|
Tambien se afirma que "La Comision tiene la "conviccion
relativa" de que los periodistas debieron ser atacados de improviso,
masivamente, sin que mediara un dialogo previo, y por una multitud
a la que el miedo y el colera, mezclados, enardecian y dotaban de
una ferocidad infrecuente en su vida diaria y en circunstancias
normales." Sin embargo, la Comision aclara que "no puede
descartar, que este intento de dialogo se produjera (considerando
el hecho de que tres de los periodistas hablaban quechua) y fuese
inutil debido al exceso de suspicacia, panico y furor de los comuneros..."
La Comision investigadora reitera que una llegado a la "conviccion
absoluta" de que el asesinato de los periodistas fue obra de
los comuneros de Uchuraccay, posiblemente con la colaboracion de
comuneros de otras comunidades iquichanas, sin que, en el momento
de la matanza, participaran en ellas fuerzas del orden". Mas
rotundamente Vargas Llosa y sus colaboradores afirman que "La
Comision ha llegado a la conviccion absoluta de que los periodistas
fueron asesinados porque los comuneros los creyeron terroristas
y sin sospechar su verdadera condicion".|23|
En Cambio, segun el Tribunal de Ayacucho, "los campesinos de
Uchuraccay fueron obligados a atacar a los periodistas, por presion
de las Fuerzas Armadas. Los comandantes militares y policiales actuaron
como instigadores del crimen". El Tribunal ayacuchano identifico
a veintisiete comuneros como autores de la masacre, y al general
Clemente Noel y Moral (Jefe del Comando Politico Militar de Ayacucho)
junto con cinco oficiales de la policia y uno de la Marina, como
autores intelectuales.|24|
La Comision Investigadora se encargo de construirle una explicacion
academicista a las versiones que el gobierno habia difundido previamente,
indicando que los campesinos asesinaron a los periodistas. Para
ello, la Comision busco justificaciones etnicas, historicas y culturales,
apoyandose en la permanente sed de venganza de los aborigenes andinos
contra los blancos opresores. La Comision sostuvo que los campesinos
confundieron las camaras fotograficas con armas de guerra y pensaban
que los periodistas eran terroristas que venian a atacarlos. Asi,
segun la Comision, los periodistas, fueron victimas de una desafortunada
equivocacion".
Un mes despues de la presentacion del Informe, las fuerzas militares
"descubrieron" casualmente las camaras fotograficas y
varios rollos de pelicula de los periodistas victimados, con imagenes
que al ser reveladas pusieron en duda muchas de las"convicciones
absolutas" de la Comision. Asi se revelo el deficiente trabajo
de investigacion de la Comision presidida por Vargas Llosa.
A pesar de que en todo momento las autoridades militares y policiales
obstaculizaron al Poder Judicial, para impedir que se esclarezca
la verdad del asesinato |25| y aunque existian evidencias de participacion
"indirecta" de altos jefes militares y policiales en esta
masacre, solo tres indigenas de la zona, Dionisio Morales, Simeon
Aucatoma y Mariano Cassani, fueron acusados. Otros implicados y
testigos, como el Teniente Gobernador, desaparecieron o fueron asesinados
en los dias de las investigaciones.|26|
Aunque la investigacion descarto que los periodistas se hubieran
presentado en Uchuraccay como senderistas, supuestamente portando
una bandera roja, tal como lo habia sostenido el Jefe del Comando
Politico Militar, ninguna autoridad regional o nacional tuvo la
honestidad de reconocer que se habia mentido al pais, ni mucho menos
se esforzaron para reivindicar la memoria de las victimas. Cuando
posteriormente, en 1985, el Tribunal de Ayacucho le pregunto a Vargas
Llosa porque la Comision Investigadora presento el Informe con su
insolita version, el escritor solo respondio que acepto colaborar
con el gobierno apara "salvar a la democracia" y que dirigio
la elaboracion del Informe guiandose por las declaraciones de los
militares.
La actuacion de la Comision investigadora creo problemas al poder
judicial, que denuncio el avasallamiento de su soberania por parte
del Poder Ejecutivo. Esta confusion demoro el inicio de un proceso
legal por la muerte de los periodistas. Y cuando el Tribunal de
Ayacucho trato de averiguar la verdad de la masacre, muy pronto
el Poder Ejecutivo, asi como el Legislativo, le pusieron numerosas
trabas, llegando, incluso, a volver a fojas cero el proceso judicial
tras dos anos de investigaciones. Asi, por segunda vez, la verdad
de Uchuraccay fue maniatada.
Frente al desamparo en que se dejo a las familias de los periodistas
victimados en Uchuraccay, diez anos despues del asesinato, el 26
de enero de 1993, los gremios de los periodistas realizaron una
multitudinaria marcha de protesta, demandando al Estado una pension
de gracia para los familiares de estos periodistas victimados en
1983. Hasta la fecha tal demanda no ha sido atendida.
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4.2 Comision investigadora de las masacres en los Penales. (Agosto
de 1986)
Congresistas:
Rolando Ames Cobian. (Presidente)
Jorge del Prado.
Javier Bedoya de Vivanco.
Oscar Felipe Ventura.
Agustin Haya de la Torre.
Aureo Zegarra. (Sector de la minoria parlamentaria).
Romualdo Biaggi Rodriguez.
Judith de la Mata.
Cesar Delgado Barreto.
Miguel Angel Mufarech.
Humberto Arenas.
Nicanor Asmat Vega.
Jose Barba Caballero. (Sector de la mayoria)
La masacre de mas de 250 prisioneros politicos en dos carceles peruanas,
los dias 18 y 19 de junio de 1986, por parte de efectivos de la
Guardia Republicana y de la Marina de Guerra del Peru, origino la
creacion de una Comision Investigadora a nivel parlamentario. La
mayoria de los reclusos acusados de subversion fueron fusilados
despues de que se habian rendido. El penal de El Fronton, en El
Callao, fue bombardeado pese a que los presos amotinados no representaban
gran peligro. No hubo ningun interes en rescatar a los heridos o
sobrevivientes. La presion internacional para que se esclarezca
la verdad de la masacre fue muy grande, ya que esta se produjo cuando
se celebraba en Lima el Congreso Mundial de la 11 Internacional
Socialista.
El Instituto de Defensa Legal, IDL, realizo un analisis juridico
de la accion del Estado para restablecer el orden y la autoridad
en los penales, y llego a la conclusion de que "la respuesta
oficial adoptada, estuvo caracterizada por el empleo de una violencia
a todas luces exagerada y desproporcionada, producto, sin duda del
clima de violencia exacerbada, inhumana e inmoral que hoy envuelve
al Peru". Agrega el IDL, que "El saldo desolador de destruccion
y muerte (murieron cerca de 300 internos)... basta para dejar constancia
de lo irracional, desproporcionado, inhumano y antijuridico que
caracterizo al tratamiento oficial dado a los motines en los penales."
|27|
La Comision, nombrada por el Congreso en el mes de agosto, tardo
mas de un ano para instalarse, y desde el principio se dividio en
dos bloques irreconciliables, debido a que los parlamentarios del
oficialismo no querian realizar una investigacion seria e independiente
que identifique a los responsables de la masacre. Mas bien, trabajaron
para impedir el esclarecimiento de los hechos.|28|
La Comision tuvo facultad para citar en calidad de testigos a agentes
policiales y miembros de la marina de guerra, ministros de Estado,
jueces, fiscales, y familiares de las victimas. La Comision tambien
acudio al peritaje tecnico del Colegio de Ingenieros, a fin de verificar
o desmentir la version gubernamental de que los pabellones de los
prisioneros de El Fronton fueron derribados "casualmente",
lo cual impidio el rescate de los heridos o sobrevivientes. El peritaje
tecnico descarto la version del gobierno.
Originalmente las mas altas autoridades del pais prometieron cooperar
para que se esclareciera la responsabilidad de los autores de la
masacre de los penales, y para que nunca mas se repitieran esos
graves hechos. El Presidente de la Republica, Alan Garcia, prometio
efectuar una minuciosa investigacion de la matanza, y llego a proclamar:
"O se van ellos, (los culpables del genocidio) o me voy yo".
Al final, ninguno de los altos oficiales involucrados en la masacre
se fue.
Conforme las investigaciones demostraban que dias antes de la masacre
miembros del gobierno habian amenazado de muerte a los reclusos,
como lo hizo el Ministro de Marina, y habian ordenado la actuacion
de las Fuerzas Armadas para debelar el motin, sin estimar las consecuencias;
las principales autoridades del gobierno se obsesionaron en impedir
el real conocimiento de la verdad. Las acusaciones de responsabilidad
penal incluyeron al Presidente de la Republica, Alan Garcia Perez,
asi como al Viceministro del Interior, Agustin Mantilla, y los ministros
de Guerra y de Marina, Julio Pacheco Concha, entre otros miembros
del gobierno, que aseguraron que el amotinamiento de los reclusos
puso en peligro la seguridad de la Republica". Las investigaciones
de la Comision demostraron que el moton de los reclusos ni siquiera
altero el transporte publico o privado en el Peru, y que con un
poco de esfuerzo habria tenido una solucion no violenta.
Debido a que no hubo consenso en cuanto al tratamiento de la informacion
obtenida y la responsabilidad ante el pais de presentar la verdad,
la Comision Investigadora se dividio, y al final se presentaron
dos informes. Uno suscrito por los parlamentarios del partido del
Gobierno y sus aliados (que fue aprobado), y otro suscrito por el
presidente de la Comision y parlamentarios de la oposicion, en Minoria.
El informe del sector de la Minoria senala que "Esta demostrada
la imprevision de las autoridades gubernamentales", ya que
las autoridades del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional
Penitenciario, INPE, no cumplieron con las especificaciones respecto
a la clasificacion de internos o a las medidas de seguridad indicadas
en el Codigo de Ejecucion Penal". De aqui se establece la responsabilidad
penal y administrativa del Ministro de Justicia, Luis Gonzalez Posada,
y del jefe del INPE, Manuel Aquezolo.
Tambien en el informe se sostiene que: "Esta demostrado que
los comunicados oficiales publicos proporcionaron informacion falsa
que magnificaba los hechos de los motines," y que "esta
demostrado que el gobierno, al incumplir con su obligacion de proteger
la vida humana, dio ordenes que trajeron como consecuencia un injustificable
numero de muertes". Aqui se precisa que "La opcion tomada
de "debelar los motines a traves de la fuerza militar, en el
plazo mas breve y perentorio", significaba poner en grave e
innecesario peligro la vida de los rehenes y los internos. Igualmente
se indica que "La fuerza militar utilizada fue desproporcionada
en relacion al peligro realmente existente y las formas de ataque
implementadas tampoco revelaron precaucion alguna por reducir los
costos humanos del debelamiento."
Ademas, el informe en minoria senala que "Esta demostrado que
algunos miembros de las Fuerzas del orden realizaron graves actos
contra la vida de los internos, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales.
Ante esto, se recomienda promover acciones penales contra el coronel
de la Guardia republicana Rolando Cabezas, el general del Ejercito
Jorge Rabanal Portilla, el general de la Policia Maximo Martinez
Lira, asi como contra el Almirante Victor Nicolini y el Vice Almirante
Victor Ramirez Isola.|29|
El informe en Minoria reitera que "Esta demostrado que el gobierno
aprobo y aplico un Decreto Supremo inconstitucional", por lo
cual, la responsabilidad penal recae tambien en el Presidente de
la Republica y en el Consejo de Ministros.
La Comision liderada por el senador Rolando Ames, presento recomendaciones
de caracter juridico penal asi como de medidas politicas y administrativas,
entre las cuales se destacan:
1. La transformacion y democratizacion integral del Estado.
2. Nueva concepcion de la Defensa Nacional. Esta debe basarse en
la soberanea nacional, revision de las nuevas leyes del Sistema
de Defensa Nacional, nueva formacion institucional, una estrategia
de paz alternativa, recuperacion de la iniciativa politica y conquista
de una amplia base social, a fin de mantener una superioridad moral.
3.Respeto a las Normas internacionales y nacionales de proteccion
de los derechos humanos.
4. Reformas Indispensables. Aqui se propone, entre otras cosas,
mejorar la infraestructura y servicios en los penales, ejecutar
reformas en la politica penitenciaria para "hacer de los centros
de detencion lugares donde sea posible la rehabilitacion de los
internos, y dar oportunidades al interno de recuperar su identidad
humana y social".
En cuanto a la Administracion de Justicia, se reconoce la necesidad
de un Poder Judicial eficaz en el ejercicio de sus facultades de
control a las acciones del Poder Ejecutivo. "Cuando se presentan
situaciones de emergencia, como las estudiadas, estando de por medio
la vida de las personas, rehenes e internos, los jueces deben ejercer
sus facultades legales de proteccion de los derechos de las personas".
Como otras buenas recomendaciones, esta tambien quedaria en letra
muerta. En los anos posteriores los motines en los penales siguieron
resolviendose Conga violencia, con resultados tragicos.
Esta Comision tambien presento recomendaciones en cuanto al rol
de las fuerzas policiales, y sobre el rol del Ministerio Publico
y el Defensor del Pueblo, a fin de establecerlos como organos interdependientes
con los otros poderes del Estado. El Informe aprobado por el Congreso,
el de la Mayoria oficialista, no acepta responsabilidad penal del
Presidente de la Republica ni de otros miembros del Poder Ejecutivo.
Poco despues de la presentacion del Informe de la Minoria, pese
a que tanto el homicidio como el genocidio son delitos comunes,
la Corte Suprema de Justicia del Peru, emitio una Resolucion trasladando
al fuero militar el proceso seguido contra los responsables de la
masacre en los penales. Luego, tras una parodia de juicio a los
autores de la matanza, se exculpo a los principales responsables
civiles y militares. Las investigaciones de la Comision, las evidencias
de responsabilidad penal de altos oficiales del Ejercito, la Marina,
la Policia, y de miembros del gobierno, no fueron tomadas en cuenta
por el Poder Judicial.
Incluso en las Naciones Unidas, ante las acusaciones presentadas
contra el Estado peruano en la Comision de Derechos Humanos, el
representante del gobierno, senador Javier Valle Riestra, sostuvo
que no existe responsabilidad del gobierno en los crimenes de los
penales, porque "fueron perpretados por agentes estatales con
mentalidad autoritaria que cubrieron de ludibrio a nuestra democracia".
Trato de ocultar la matanza de los prisioneros con poemas metafisicos
y citas en latin.
Posteriormente, tras siete anos de investigaciones y negociaciones
juridicas-diplomaticas, en 1994, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, dicto una sentencia relacionada a la masacre en el penal
de El Fronton, ordenando al gobierno peruano indemnizar a los familiares
de tres de las victimas.|30|
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B. Comisiones No oficiales
A continuacion presentamos el desarrollo de algunas comisiones de
la verdad que surgieron por iniciativa no gubernamental, sin mandato
legal especifico.
1. Bolivia:
Comite impulsor del Juicio contra Garcia Meza.
Despues de 18 anos de dictaduras militares, que usurparon el poder
a gobiernos civiles legitimamente elegidos, en octubre de 1982 Bolivia
recupero su institucionalizad democratica, eligiendo como Presidente
al Dr. Hernan Siles Suazo. Las victimas de violaciones a los derechos
humanos, entre asesinados, torturados, desaparecidos, entre 1965
y 1982 eran numerosas. De acuerdo al Comite Impulsor del Juicio
contra Garcia Meza, El Golpe militar liderado por el General Hugo
Banzer Suarez, en agosto de 1971, inicio uno de los gobiernos de
facto mas sangrientos en la historia del pais. Este Comite impulsor
agrega que fueron denunciadas mas de 14,000 detenciones ilegales
de personas, muchas de las cuales fueron sometidas a crueles torturas;
mas de 6,000 exiliados, masacres; desaparicion forzada de mas de
70 personas.|31|
Igualmente el Comite Impulsor sostiene que durante la dictadura
de 16 dias del coronel Alberto Natusch Busch, agentes del gobierno
de facto asesinaron a 76 personas en la ciudad de La Paz, desaparecieron
a 140 personas y provocaron heridas graves a otras 204 personas.
Durante la presentacion de pruebas en el Juicio de Responsabilidades,
la activista de derechos humanos, Loyola Guzman, senalo que el regimen
de Garcia Meza es responsable de la desaparicion de 22 personas
y del asesinato de otras 52, entre ellas el diputado Marcelo Quiroga
Santa Cruz. La ASOFAMD denuncio en mayo de 1990, que en Bolivia
habian desaparecido 156 personas. De ellas, 76 corresponden al periodo
del general Banzer, 34 al periodo del general Alfredo Ovando, 28
al de Garcia Meza, 14 al de Alberto Natusch y 4 en el periodo de
Rene Barrientos.
Al restablecerse la institucionalizad democratica en el pais, se
discutio sobre que hacer con los crimenes de las dictaduras, pero
no hubo consenso sobre los casos que deberian de ser investigados.
Como el Poder Judicial, y el liderazgo de los partidos politicos,
en su mayoria, era el mismo que actuo durante las dictaduras militares,
no hubo la suficiente voluntad para sancionar a todos los responsables
de las violaciones a los derechos humanos.
Muy timidamente el Presidente Hernan Siles Suazo firmo el 28 de
octubre de 1982, el Decreto Supremo N. 241, creando la Comision
Nacional de Desaparecidos. Esta Comision investigo, hasta abril
de 1983, el asesinato de 14 prisioneros politicos, en 1972, por
el gobierno de Banzer, y la desaparicion de 22 personas en el periodo
de Garcia Meza.|32|
En los primeros meses de transicion democratica, solo se logro consenso
en la necesidad de investigar los delitos cometidos por el regimen
de fasto del general Luis Garcia Meza, que practico masacres de
opositores politicos, desapariciones forzadas, torturas, y expulsiones
ilegales del pais.
La Central Obrera Boliviana, las Iglesias Catolica y Metodista,
la Universidad San Simon de la Paz, los gremios de periodistas,
los grupos de derechos humanos, los familiares de las victimas de
la dictadura, con el apoyo de algunos politicos iniciaron un Juicio
de Responsabilidades contra el general Luis Garcia Meza, y 55 de
sus principales colaboradores, primero en febrero de 1984, en el
Congreso Nacional y en abril de 1986 ante la Corte Suprema de Justicia.
Una decision del Congreso, del 25 de febrero de 1986, excluyo las
investigaciones de hechos ocurridos antes del Golpe de Garcia Meza,
protegiendo de esa manera, especialmente, al dictador Hugo Banzer.
La confluencia de diversos organismos representativos de la sociedad,
y de larga tradicion de lucha como la COB, la Universidad, la Iglesia,
junto con los grupos de derechos humanos, en la denuncia y el enjuiciamiento
del regimen de Garcia Meza, aseguro un importante respaldo institucional
y popular al proceso de investigar la verdad y castigar a los culpables
de las violaciones a los derechos humanos y atropellos al Estado
de Derecho. Un selecto grupo de abogados y estudiantes de derecho,
periodistas, asi como familiares de las victimas de la dictadura,
trabajaron en el Comite impulsor del Juicio, durante cinco anos,
para recopilar y procesar mas de 30,000 paginas acumuladas sobre
los hechos de la dictadura y elaborar los alegatos y las acusaciones.|33|
Cuando el Congreso de la Republica decidio acusar al ex dictador
ante la Corte Suprema, y el poder judicial expidio una orden de
detencion, el 13 de enero de 1989, Garcia Meza se declaro en rebelion
y se escondio, para burlarse de la justicia. Un mes despues el Poder
Judicial ordeno la confiscacion de las propiedades del ex dictador,
la perdida de sus derechos ciudadanos, y reafirmo la orden de busqueda
y captura. Despues se conoceria que Garcia Meza se habia escondido,
inicialmente, en una de las haciendas de otro ex dictador, general
Hugo Banzer Suarez.
Garcia Meza desde la clandestinidad lanzo diversas amenazas contra
los grupos de derechos humanos y chantajeo a dirigentes del gobierno,
a fin de que le brindaran proteccion a cambio de guardar silencio.
La Corte Suprema de Justicia tambien recibio numerosas presiones
a fin de retardar el proceso y diluirla en discusiones palaciegas.
Aso Garcia Meza vivio, durante cinco anos, con la proteccion oficial,
hasta que fue capturado en Brasil. Por eso, con toda razon, el Comite
Impulsor indico que "En esa busqueda sin cansancio de la verdad
juridica... hemos encontrado aun mas feroz el rostro de los tiranos,
de los masacradores, de los que torturaron y dispararon, de los
que detras de los ejecutores planearon y ordenaron los crimenes,
y de los que se enriquecieron a costa del patrimonio publico".|34|
El Comite impulsor del Juicio de Responsabilidades, a pesar de las
amenazas, siguio su trabajo con mucha energia, elaborando los recursos
acusatorios y difundiendo masivamente en los periodicos, la radio
y la television informes respecto al juicio. Incluso preparo siete
micro-documentales para la television, con los titulos de "Genocidio
de la calle Harrington de La Paz", (donde ocho dirigentes del
MIR fueron asesinados), "Contra la Impunidad", "Profugo
de la Justicia", "La letra muerta de la Ley", etc.
El testimonio de la ex Presidenta de la Republica, Lydia Gueiler
Tejada, en el Juicio, asi como de varios ex ministros de Estado
que formaron parte de su gobierno, y que fueron torturados por agentes
de la dictadura, aporto abundantes evidencias sobre la responsabilidad
penal de los militares golpistas.
El ex coronel Luis Arce Gomez, ex ministro del Interior de Garcia
Meza, responsable directo de la organizacion de grupos terroristas
paramilitares al servicio de la dictadura, fue capturado por agentes
bolivianos de la Unidad Movil de Patrullaje Rural, y agentes estadounidenses
de la Drug Enforcement Agency, DEA, el 10 de diciembre de 1989;
tres anos despues de haber sido declarado "rebelde y contumaz"
y haberse fugado de la justicia. Inmediatamente, sin autorizacion
del Poder Judicial de Bolivia fue trasladado hacia Miami, en un
avion de la DEA, organizacion que lo entrego a la Corte Federal
de Miami.
En el curso de las investigaciones se fue revelando que por orden
de los dictadores fueron asesinados el diputado Marcelo Quiroga
Santa Cruz, los ocho dirigentes del MOR, el sacerdote Luis Espinal,
y muchos otros mas; y se demostro que el gobierno de tacto clausuro
y destruyo instalaciones y equipos de emisoras de radio y periodicos;
allano iglesias, colegios y universidades, despilfarro el dinero
del Estado, y dicto muchas leyes anticonstitucionales.
Tambien se descubrio como se organizaron los escuadrones de la muerte
que operaron en diversas ciudades de Bolivia cometiendo atentados
terroristas y crimenes con total impunidad. El Comite impulsor comprobo
que el criminal nazi Klaus Barbie contaba, en el periodo de Garcia
Meza, con un grado de oficial superior y mando dentro del Servicio
de Inteligencia del Ejercito de Bolivia. El General Luis Arce Gomez,
con autorizacion del Alto Mando, otorgo el grado de Teniente Coronel
honorifico a Klaus Altmann (Barbie), el 12 de febrero de 1980, cinco
meses antes del golpe de Estado. Entre los asesores extranjeros
tambien se comprobo la participacion del Mayor de las FF.AA. de
Argentina, Julio Cesar Durand, asi como de los neofascistas italianos
Stefano Delle Chiaie y Pierluigi Pagliai. |35|
El Comite impulsor comprobo que altos miembros del mismo ejercito
boliviano entrenaban y dirigian a grupos paramilitares que cometian
diversos atentados terroristas por todo el pais, y que asesinaron
a opositores politicos, lanzaron bombas contra manifestaciones pacificas,
atacaron sedes de organismos politicos, religiosos y culturales,
y atentaron contra un avion en el que viajaban lideres del movimiento
politico UDP. Se confirmo que todos estos atentados se hicieron
con el proposito de justificar El Golpe de Estado, en vista de una
supuesta incapacidad del Gobierno para controlar el terrorismo.
Ademas se comprobo que el Servicio de Inteligencia del ejercito,
a cargo del coronel Luis Arce Gomez, habia elaborado una lista negras
en las que figuraban como personas a ser eliminadas, el padre Luis
Espinal Camps, el diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz,
el ex Presidente Walter Guevara Arce, el lider sindical Juan Lechin
Oquendo, y el ex ministro Eduardo Perez Iribarne. Igualmente se
descubrio que prominentes dirigentes de la empresa privada participaron
en la preparacion del Golpe de Estado, que incluso financiaron,
para luego beneficiarse con diversos contratos con el Estado.|36|
Cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Impunidad
de los Crimenes de Lesa Humanidad, a peticion de la Asamblea Permanente
de Derechos Humanos y otras ONGs bolivianas determino realizar en
Bolivia una Sesion, durante los dias 17 al 19 de julio de 1990,
para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas
por los ultimos regimenes militares, el gobierno se nego a autorizar
dicha Sesion, con el pretexto de que no hay que perturbar la paz.
Incluso los congresistas oficialistas emitieron una Resolucion,
calificando como "delito" la sesion del Tribunal Permanente
de los Pueblos, y se amenazo con deportar a los jueces instructores,
si se atrevian a entrar a Bolivia, ya que, argumentaron, de acuerdo
a la legislacion vigente, solo la Corte Suprema de Justicia tiene
la facultad para juzgar a dignatarios y ex dignatarios del Estado
que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones.|37|
Las autoridades bolivianas se negaron a conceder visas de entrada
a las personas que actuarian como jueces instructores del Tribunal,
entre ellos el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel de
Argentina, la abogada chilena Fabiola Letelier y el sacerdote colombiano
Javier Giraldo. En vista de esta negativa, la Sesion se llevo a
cabo en Bogota, en abril de 1991, y condeno moralmente a los ex
dictadores general Hugo Banzer Suarez, coronel Alberto Natusch Busch
y general Luis Garcia Meza, inhabilitandolos moralmente para participar
nuevamente en instancias de gobierno de su pais o de cualquier pais
del mundo, segun comunicacion del Secretariado del Tribunal Permanente
de los Pueblos.
Luego de mas de seis anos de juicio, en 1992 el Poder Judicial de
Bolivia logro condenar al general Luis Garcia Meza, y a Luis Arce
Gomez, a 30 anos de prision. Actualmente Garcia Meza se encuentra
en la prision de Chonchocoro, en La Paz, luego de haber sido extraditado
del Brasil. Otros cincuenta implicados tambien recibieron su condena.
Los abogados que representaron a la parte civil afectada por la
dictadura de Garcia Meza, manifestaron ante el Tribunal Supremo:
"Estuvimos motivados por la busqueda de la verdad desde el
primer momento; y cuando en ese primer momento la principal defensa
aparecio siendo la mentira, nos volvimos incansables en esa busqueda
de la verdad... habia que probar que se delinquio barbaramente contra
el pais, desde el aparato mismo del Estado... a la notoria verdad
historica habia que adjuntar la verdad juridica".
Aunque el Comite Impulsor del Juicio de Responsabilidades fue una
Comision de la Verdad no creada por mandato legal, sino por imperativo
etico de las fuerzas progresistas de la sociedad boliviana, su trabajo
fue muy eficaz, logrando comprometer a la mayor parte de los organismos
del pais en la busqueda de la verdad sobre esta etapa critica de
su historia. Sus integrantes trabajaron con la conviccion de que
"Ni el odio ni el menor atisbo de venganza han presidido nuestros
actos en esta presencia acusatoria ininterrumpida de seis anos y
seis meses. Hemos creido que el dano que la dictadura le hizo al
pais fue inmenso, pero estamos convencidos, sobre todo, que la impunidad
de esa dictadura seria un dano mucho mayor".
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2. Brasil:
Proyecto Brasil Nunca Mas.
Responsables del Proyecto:
Cardenal Paulo Evaristo Arns, Arzobispo de Sao Paulo
Rev. Jaime Wright, Pastor Presbiteriano.
Las investigaciones para conocer las violaciones a los derechos
humanos de las ultimas dictaduras (1964-1979) fueron dirigidas por
miembros de la Arquidiocesis de Sao Paulo, de la Iglesia Catolica.
Alrededor de treinta personas vinculadas a la Arquidiocesis trabajaron
por mas de cinco anos en el mas absoluto secreto para obtener los
documentos, analizarlos, comprobar la informacion, y procesarla
de acuerdo a criterios fijados previamente.
La Investigacion comenzo en agosto de 1979 y concluyo en marzo
de 1985. En ese periodo se logro sistematizar informaciones contenidas
en 707 expedientes de procesos llevados ante el Tribunal Militar
Supremo. Por esto, una caracteristica del Informe es que se basa,
fundamentalmente, en documentos oficiales de los procesos judiciales
llevados a cabo por los Tribunales militares contra activistas y
opositores politicos.
El resultado del trabajo se difundio en volumenes de mas de 5000
paginas, (Proyecto A) con el titulo Brasil Nunca Mais, que fue considerado
como "Una radiografia inedita de la represion politica y una
anatomia de la resistencia". Una sintesis del Informe se publico
en forma de libro en Petropolis, en el verano de 1985. Alli se reunio
informacion sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas
durante los regimenes militares desde 1964 hasta 1979.
El libro Brasil Nunca Mas, ademas de describir las formas crueles,
degradantes, de los castigos y las torturas, presenta datos historicos
sobre el origen de los regimenes militares, el desarrollo de los
aparatos represivos, y la perversion del derecho penal, que favorecio
el atropello de los derechos humanos.
Entre los colaboradores del Proyecto Brasil Nunca Mas, el regimen
militar eligio como victima-simbolo, a Paulo Stuart Wright, hermano
menor del pastor presbiteriano Jaime Wright, con cuyo secuestro
y asesinato se quiso amedrentar a los activistas de derechos humanos
asociados a la Arquidiocesis, para que abandonen sus denuncias y
su acompanamiento a los familiares de las victimas de la represion
oficial. Si no se ha respetado al hermano de uno de los lideres
de la lucha por los derechos humanos, menos se respetaria a los
otros miembros de la comision de la Arquidiocesis. Esa era la logica
para atemorizar y destruir a los grupos de solidaridad y de defensa
de los derechos humanos.
El Informe Brasil Nunca Mais incluye testimonios acerca de la labor
de agentes de la CIA de los Estados Unidos, como el oficial estadounidense
Dan Mitrione, quien enseno los llamados "Metodos cientificos
para arrancar confesiones y obtener la verdad". De acuerdo
a numerosas y documentadas denuncias, Dan Mitrione entreno a cientos
de agentes militares y policiales brasilenos, utilizando en sus
experimentos inicialmente ninos y mendigos recogidos de las calles
de Bello Horizonte.|38|
Igualmente Brasil Nunca Mas describe las diversas tecnicas de tortura
empleadas por los militares y policias, el uso de insectos y animales
como cobras y ratas, la aplicacion de productos quimicos sobre el
cuerpo de los prisioneros, segun fue corroborado por diversas victimas.
El Informe tambien presenta testimonios sobre torturas practicadas
en menores de edad, asi como en mujeres y gestantes, que sufrian
violaciones sexuales.|39|
Brasil Nunca Mas indica que en el periodo de 1964 a 1979 se registran
125 casos de ciudadanos desaparecidos por motivos politicos algunos
de los cuales posteriormente a su detencion por la policia fueron
encontrados en cementerios, enterrados con nombres falsos. La lista
completa de desaparecidos aparece en la pagina 291 al 293 de BNM.
En la version editada en forma de libro en 1985, no figuran las
listas de militares y policias involucrados en las violaciones a
los derechos humanos, que se incluyeron en la publicacion global.
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